Enero 2 de 1946

C. General de División, Manuel Ávila Camacho, Presidente de la República.

Palacio Nacional.

México, D.F.

Como todo el pueblo mexicano, hemos seguido con profundo interés el curso del esfuerzo que los ciudadanos de León, Monterrey y otras ciudades de la República están haciendo para lograr una renovación indispensable de su gobierno municipal. No hemos intervenido como partido político, en ese esfuerzo; pero lo admiramos y sostenemos porque es el cumplimiento de un deber y el ejercicio de un derecho indiscutible, la defensa de una de las instituciones básicas y más nobles de nuestra vida constitucional, el municipio libre, y una limpia y prometedora manifestación de ciudadanía.

Ese esfuerzo ha tropezado con el caciquismo que ha puesto en juego todos los conocidos medios vergonzosos para burlar el voto ciudadano y emplear los recursos y fuerzas del poder que son del pueblo, para defraudar al pueblo. Ha tropezado también, como lo muestra especialmente lo sucedido en León, con una injusta y violenta intervención de las fuerzas federales en complicidad con ese caciquismo.

La situación creada por esta ilegítima y subversiva conducta de las autoridades, no solo significa una punible violación a las leyes electorales y de las constitucionales, sino que constituye indudablemente una violación de los artículos 35, 40, 41 y 115 de la Constitución general de la República y es motivo justificado de gran descontento público.

La consumación del fraude electoral en esos casos, y el hecho que queden no solo impunes sino triunfantes las violencias, las falsificaciones, las ilícitas represalias, las malversaciones de fondos públicos que han servido para combatir la voluntad ciudadana, indudablemente serán causa de profundo malestar nacional y de irremediable desconfianza en el pueblo que verá en ello la más hiriente contradicción de las promesas solemnes de garantía y de respeto al sufragio hechas por usted mismo; así como la demostración patente del incumplimiento de las leyes fundamentales del país por quienes más estrictamente obligados están a respetarlas.

En las condiciones actuales, después de los años de guerra justificados por promesas de democracia, próxima ya la ocasión en que habrán de renovarse los poderes federales y cuando tan urgente es que en México exista una verdadera y tranquila convivencia en el orden, los acontecimientos a que hemos hecho referencia asumen un carácter especialmente perjudicial para México y son una amenaza para su porvenir.

El gobierno federal está obligado y tiene posibilidad inmediata de intervenir en el cumplimiento de su deber de guardar y hacer guardar la Constitución y de garantizar el derecho ciudadano y de impedir la subversión de nuestras instituciones. Ha habido graves violaciones del voto público y se han cometido delitos penados por leyes federales. Las consecuencias de estos hechos no se circunscriben a las ciudades afectadas sino que se extenderán a todo el país. El Ejecutivo Federal puede y debe pedir la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos del artículo 97 constitucional y de acuerdo con los resultados de la investigación de la Suprema Corte, proceder al restablecimiento del orden constitucional violado y a la aplicación de las sanciones justas que la ley establece.

Así lo pedimos a usted, señor Presidente, seguros de expresar la justificada demanda unánime de la opinión nacional.

Atentamente.

Acción Nacional.

Comité Nacional Directivo.

(Publicada en El Universal el 2 de enero de 1946)